Quizás la característica más elocuente del modo de pensar
del rentismo venezolano son las prestaciones sociales.
Siempre me ha parecido increíble como los trabajadores
venezolanos, no solo permiten, sino que desean que su dinero, el dinero que se
ganan trabajando, se lo maneje, guarde, invierta o lo que sea, otro ente o
persona y no ellos mismos, inclusive, haciéndoles falta para cubrir sus
necesidades básicas.
El Estado, en algunos casos con expresa intención, ha
generado en la conciencia general el concepto que los ciudadanos son incapaces
de manejar sus ahorros, puesto que no son conscientes de su futuro y por ende
personas a las que hay que relevar obligatoriamente de la posibilidad de
manejar su porvenir por ellos mismos.
Por otro lado este mismo Estado, de una manera absolutamente
irresponsable, obliga a las empresas a ser el custodio del ahorro de sus
trabajadores, acarreando dos consecuencias básicas: la primera es el atar el
destino de los trabajadores al de la empresa, convirtiendo el destino de dicho
capital en un juego de azar, donde sin ninguna garantía de desempeño
empresarial, siempre existirá la posibilidad de un trágico final; y lo segundo
es la posibilidad del empresario de utilizar un capital que no le pertenece y
hacer dinero con él, de forma que los trabajadores se convierten en
inversionistas de la empresa en la que trabajan, que si bien perciben un
interés por este capital, quien decide como y en que invertir, además de los beneficios
de esta inversión es el empleador. En otro orden, el hecho que las prestaciones
acarrean un costo directo proporcional al salario del trabajador, de los
ajustes laborales estos solo perciben una parte, ya que la otra lo que hace es
incrementar la deuda de la empresa para con sus empleados.
El otro caso, no menos pernicioso es el caso en el que el
patrono es el mismo Estado. Tenemos el hecho que al ser históricamente los
contratos colectivos aprobados por empleados que se beneficiarán del mismo, hay
casos de condiciones de prestaciones sociales absurdas, con beneficios que no
se corresponden con la realidad y que cargan al Estado de condiciones
financieras extremadamente pesadas y adicionalmente, el manejo irresponsable y
desordenado de las finanzas del gobierno ha desembocado en que no se toman las
previsiones correspondientes y termina generando deudas en el futuro, que no
están previstas, que en general se han gravado dos o más veces, siendo hoy por
hoy, los pasivos laborales a cargo del Estado una considerable parte de la
deuda pública interna. A pesar que la Ley obliga lapsos perentorios para la
cancelación de los pasivos laborales, en el caso del Estado, pasan hasta años
para que un trabajador pueda cobrar sus prestaciones sociales, colocándolo en
una situación crítica, sin ningún tipo de respaldo en este período, además de
la correspondiente pérdida de valor adquisitivo de su capital debido a la
devaluación acarreada por la inflación acumulada en el tiempo transcurrido entre
el fin de la relación laboral y el momento que termina cobrando sus deudas.
Pero, lo que realmente afecta a la condición humana de este
régimen de prestaciones es la falta de libertad, el trabajador se convierte en
un eunuco, no al estar bajo esta condición, sino al estar obligado a estar en
dicha condición. No es posible que cualquier persona no pueda decidir qué tipo
de relación pretende con su empleador. Es un concepto de esclavitud moderna
puesto que todos tenemos que someternos a esta injusticia si pretendemos
trabajar de forma legal en este país.
Resultado: menos oportunidades de trabajo y trabajos de poca
calidad, en fin, el sistema en contra de sus ciudadanos.
